Jose Agenor Álvares Silva, asesor de la Fiocruz Brasília, ex-ministro de Salud y ex-director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitária (Anvisa). Foto: Anvisa.
Las autoridades sanitárias del mundo, incluyendo las de Brasil y de los Estados Unidos, están conscientes de que hay una verdadera epidemia de enfermedades cronicas no transmisíbles que afecta a la población, proporcionada por el consumo de productos que difunden los factores de riesgo para condiciones cronicas, tales como diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cancer, entre otras. Frente a ese escenário, se hace necesária una acción organizada del Estado para contener la diseminación de esas enfermedades, que representan la mayor causa de muerte que se puede evitar en todo el mundo.
A propósito de la epidemia, la directora general de la Organización Mundial de Salud (OMS) dice, en una reunión sobre promoción de salud en Helsinki, Finlandia, en 2013: “Los esfuerzos para prevenir las enfermedades no transmisibles están en contra de los intereses comerciales de operadores económicos poderosos. Todas esas indústrias temen la regulación y se protegen recurriendo a las mismas tácticas”. Usan fuertemente “argumentos que atribuyen la responsabilidad por los daños a la salud a los indivíduos y retratan las acciones del gobierno como interferencia a las libertades personales y de opción libre.
Esta es una posición formidable. El poder de mercado prontamente se traduce en poder político”. Coincidentalmente, o no, todas las enfermedades citadas tienen como punto común, el riesgo de sere contraídas, en su mayoría, por el consumo de productos derivados del tabaco. Así, se convierte imperiosa la acción del Estado, responsable por actuar en los puntos nerviosos de esa cadena patogénica, que junta las industrias, de un lado, y el trabajador y el consumidor, de otro, yendo desde la producción a la exposición en puntos de venda, transformados en mensajes subliminares de propaganda de esos productos.
El tabaco es un producto comprovadamente nocivo, con efectos devastadores a la salud humana. Negar eso es querer tapar el sol con un sartén. De la misma forma, es confundir la actuación del Estado en la protección de la salud de las personas con indignación a la Constitución, en una clara estratégia de mezclar libertad de expresión y convívio social con bellacaría mercadológica.
La contestación de las alteraciones de la reciente ley antihumo y el concepto de ambiente colectivo cerrado creó argumentos verdaderamente bizarros, que bordan insanidad o subserviencia a los dictados de la poderosa industria tabaquera. Comparar el malefício del tabaco con el riesgo de manejar un auto es casi ridículo. De la misma forma que aludir posibles prejuícios a los negocios de bares y restaurantes con la aprovación de la ley es desconocer lo que ocurre en todas las ciudades del mundo que implantaron tal medida, por ejemplo la ciudad brasileña más grande: São Paulo.
En los últimos 20 años, junto al avanze tecnológico y al conocimiento sobre malefícios del tabaquismo, creció el interes y la preocupación de los efectos del humo ambiental del tabaco en locales en que no hay transposición de aire, lo que vuelve inevitable el tabaquismo involuntario. La Ley 9.294/96 buscó definiciones más integrales con el fin de disminuír el efecto de ese tipo de polución en la salud de las personas.
Grande parte de los fumadores no consiguen parar de fumar por su propia voluntad, una vez que la nicotina, un de los componentes del cigarro, causa fuerte dependencia, hecho que la publicidad siempre omitió. Al contrario, la industria durante decadas consiguió construir una imagem engañosa de su producto, cuyo efecto todavía existe, independiente del empeño de las políticas públicas de desconstruir tal imagen.
Lo que la ley defiende es el derecho de no ser contaminado por el humo cargado de partículas cancerígenas esparcidas por aquellos que están bajo la influencia de ese producto. Es el derecho de convivir socialmente en ambiente con aire puro y saludable, sea en el local de trabajo, en una zona recreativa durante un fin de semana de tarde o en una fiesta.
Por lo tanto, las medidas adoptadas no extrapolan el poder-deber del Estado de promover reglas para la elevación de la calidad de vida de la población brasileña, sobre todo, en la reducción de los costos derivados de las enfermedades cronicas tabacorelacionadas que, además de poder ser evitadas, actualmente sobrecargan todo el sistema de salud del país y son responsábles directamente por más de 200 mil muertes cada anoñ en Brasil.
Jose Agenor Álvares Silva, asesor de la Fiocruz Brasília, investigador de Nethis, ex-ministro de la Salud y ex-director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
Fuente: Artículo publicado en el diario Correiro Braziliense, el 2 de marzo del 2015.
Foto capa: Eva Carasol.
