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Lo que realmente importa son las personas

  • 15 de Julho de 2015

Ex-ministro de la salud, actual asesor de la Fiocruz e investigador asociado del Núcleo de Estudios sobre Bioética y Diplomacia en Salud levanta discusión candente sobre el futuro del Sistema Único de Salud brasileño. El financiamento público de la salud es tema recurrente en la agenda de la salud en el contexto de las relaciones internacionales, conforme resalta Agenor Álvares al evocar el testimonio del Director General de la OMS hace 35 años pasados. Para el coordinador de Nethis, José Paranaguá de Santana, se trata de una pregunta que a lo largo de ese periodo adquirió mayor repercusión sobre la perspectiva ética, o sea, de los derechos de todos los pueblos de la Tierra a la salud como derecho humano fundamental.

Por JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA, ex-ministro de la Salud

El SUS, de mayor política de inclusión social capitulada en la Constitución, está en camino a un colapso, más parecido con un paciente en estado terminal

La Constitucional n º 86/ 2015, más conocida como enmienda de “Presupuesto autoritario”, traerá consecuencias altamente negativas para el financiamiento de la Salud en Brasil a partir del 2016. Es lo que evalúan gestores públicos y de diez entre diez economistas que analizan los gastos federales con el sector. Al no convalidar proyecto de inciativa popular, con más de dos millones y doscientas mil firmas, que propone la vinculación de los recursos del gobierno federal en 10% de los ingresos corrientes brutos para la Salud creó un vacío. El proyecto perdió el espírito inicial y fueron producidas modificaciones fuertemente prejudiciales al sector.

La principal modificación se debió a la vinculación de 15% de los ingresos corrientes líquidos, repartidos en cinco años, iniciando en el 2016 con 13,2% del presupuesto, hasta lograr el valor aprobado apenas en el 2020. Similar a lo que ocurrió con el Presupuesto 2015 para la salud, este valor puede modificarse con las contingencias sin tener en cuenta las prioridades del sector. Dos otras medidas, igualmente dañosas al financiamiento del sector salud, también fueron incluídas: la destinación de enmiendas parlamentares impositivas para compones el presupuesto del Ministerio de la Salud y los recursos provenientes de la exploración del petróleo en el pre-sal. Esas dos medidas fueron consignadas, no como fuentes complementares como se esperaba, pero como fuentes propias del Presupuesto, absolutamente a contra mano de cualquier racionalidad política.

La primera medida pretende compromisos parroquiales de los parlamentarios con sus bases políticas, incluso justos, en la mayoría de los casos, hay una relación directa con la política de salud. El segundo, de la extracción de petróleo en aguas profundas, cuya expectativa inicial, para convertirse en una fuente complementaria de financiación para el presupuesto ya escaso, estaba frustrado porque fue elevado a sustituir categoría de fuente.

Esta enmienda profundizó aún más la brecha entre las necesidades de salud de las personas y la capacidad del Estado de proveer esos servicios. Ya el Sistema Único de Salud (SUS), la más capitulada política de inclusión social en la Constitución, está en vías de colapsar, como un enfermo terminal. Será y si un estudio de modelo alternativo, contributivo o subsidiado tipo que se ofrecerá a la población a la “libre elección”?

En la apertura de la séptima Conferencia Nacional de Salud, celebrada en Brasilia en 1980, el entonces Presidente de la Organización Mundial de la Salud, Halfdan Mahler, en el discurso de apertura de la conferencia, pidió a los líderes brasileños presentes: “Los caballeros están dispuestos a enfrentar seriamente la brecha entre el ‘privilegio’ de los ‘desposeídos’ en la salud y tomar medidas concretas para reducirla? Y la forma de diseñar el sistema más eficiente de la prestación de servicios de salud a partir de la base de que lo que realmente importa son las personas?

Este discurso de Mahler coincidió con la lucha de amplios sectores de la sociedad brasileña en el momento del cambio de un sistema de pensiones y excluyente entonces en vigor, por un sistema de salud pública sin derechos de distinción. Esta lucha social culminó con la creación del SUS, requisitos establecidos en la Constitución. El SUS, que fue siempre la marca de la ciudadanía y los derechos de toda la población, sin distinción de clase, pide financiación pública, con responsabilidad cívica del Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y también de la sociedad. Porque lo que realmente importa es la gente.

Fuente: oglobo.globo.com