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La ley anti humo

  • 16 de Dezembro de 2014

Es increíble el poder de intimidación de la industria del humo. No les basta con comercializar un producto que cause dependencia química y roba en promedio 12 años de vida de un hombre y 11 años de vida de una mujer, los fabricantes siguen con el crimen de presionar a las autoridades para impedir la aplicación de cualquier medida de protección a la salud que contradiga sus intereses financieros.

Después de enfrentar un lobby que le daría envidia a la mafia, la ley que prohíbe fumar en ambientes cerrados en todos el territorio nacional fue aprobada en 2011. Por otro lado, el reglamento, que debería ser inmediato, llevó tres inexplicables y burocráticos años para finalmente entrar en vigor el día 3 de este mes.

Prohibir el humo en ambientes públicos es una medida que beneficia a todos, indistintamente. Los que no fuman dejan de respirar el humo del cigarro ajeno, que al entrar en contacto con las vías aéreas provocan las mismas enfermedades que terminan con la vida del fumador. Las evidencias científicas son incuestionables, quien considera ese riesgo irrelevante es ignorante o mal-intencionado, no existe tercera opción.

Prohibir el cigarro en ambientes cerrados, ayuda sobre todo al fumador, que se ve forzado a superar las crises de abstinencia de nicotina, droga asociada a la dependencia más esclavizada que la medicina conoce. Ser obligado a salir del local en que se encuentra, para prender un cigarro, coloca al fumador cara a cara con el vicio que lo domina. En ese momento el mito ridículo de que fumar es un hábito pierde credibilidad.

Además del impacto psicológico, la prohibición restringe al fumador. Cuantas veces un funcionario puede salir de su oficina para fumar en la vereda? O abandonar a sus amigos en la mesa del restaurante?

Restricciones públicas al cigarro ayudan a lidiar con las crises de ansiedad que la abstinencia dispara, siempre que caen los niveles sanguíneos de la droga, aprendizaje fundamental para liberarse de la misma.

Ese es el detalle que aflige a la industria: cuando el dependiente consigue pasar horas sin fumar, puede concluir que tiene fuerza para librarse de la dependencia, la actitud opuesta a las intenciones del proveedor.

Leyes estatales ya habían adoptado la prohibición en San Pablo, Rio, Amazonas, Rondônia, Roraima, Paraná, Mato Grosso, Minas y Paraíba, sin cambios en el movimiento o ganancias en los bares y restaurantes en esos estados. Aún así, la Abrasel (Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes) va a intentar en la Justicia la revocación de la ley federal. El motivo?

Al diario “El Estado de S. Paulo”, la entidad explicó que la ley “crea un rigor inimaginable, obstruyendo los derechos individuales del ciudadano de consumir un producto que es lícito”.

Independientemente del solemne desprecio por la salud de los trabajadores que prestan servicios en los bares y restaurantes de los asociados presididos por el, el argumento de Abrasel no es diferente de aquel manifestado por algunos intelectuales siempre enojados con “ese atentado a la libertad del fumador”.

Es increíble que las personas supuestamente cultas no tengan en consideración el hecho de que el cigarro tira humo al aire que será respirado por los incautos de las proximidades, impregnando sus ropas con el olor repulsivo y los pulmones con agentes tóxicos, cancerígenos.

Habría más lógica si defendieran el derecho del usuario de cocaína aspirando en restaurantes, iglesias, oficinas o aviones: quien huela polvo no perjudica a los circunstantes.

No seamos ingenuos, el objetivo de empresas como Philip Morris y Souza Cruz es viciar el mayor número posible de niños y adolescentes, con el objetivo claro de hacerlos caer en la mano del proveedor al ritmo de un paquete por día, por toda la vida.

Cualquier medida o ley que tenga como objetivo reducir el predominio del humo en la población y así disminuir el sufrimiento humano y el número de muertes causadas por el, viaja en contramano de los intereses empresariales.

Contrariada, la industria moviliza los departamentos de marketing, contrata por mucho dinero lobistas, oficinas de defensa y financia campañas de políticos sin escrúpulos, para preservar y, si es posible, ampliar el mercado cautivo de dependientes de nicotina.